Nuestra labor se basa en unas pautas de conducta reflejadas en el Código Deontológico desarrollado por la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios:

Introducción
El Código Deontológico que presentamos ha sido elaborado por la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios en un intento de autorregulación de las actitudes y comportamientos que deben presidir el asesoramiento fiscal. Contiene principios que suponen un marco de seguridad para el Cliente y también reglas para garantizar el libre y adecuado ejercicio profesional de los Asesores. Nuestra intención es que estas pautas de conducta se generalicen y sean vínculo común de toda la profesión.

Preambulo
Desde que en España se abandonó el doctrinalmente denominado "estilo tributario latino", estructurado entorno al gravamen del rendimiento de determinados bienes y actividades, hasta que nuestro país se ha decantado definitivamente, parece ser, por el más coherente "estilo tributario europeo", numerosas han sido las reformas y contra reformas promulgadas por el Ministerio de Hacienda.
Así, se pretende traspasar la línea de un sistema tributario cuyo grado recaudatorio estaba marcado más por las diferentes circunstancias históricas del Estado (recuérdese la época del almojarifazgo, la alcábala y la décima de Alfonso X, las guerras coloniales del periodo decimonónico, etc.) que por las circunstancias de riqueza y capacidad de generación de rentas del contribuyente, a un sistema fiscal en teoría más neutro, más sintético y acorde con los actuales principios constitucionales de igualdad, equidad, progresividad y de no confiscatoriedad.
Prueba de ello es que las principales reformas de la estructura impositiva española, desde la de Mon-Santillán de 1.845, a las de Navarro Rubio de 1.964 y Fernández Ordóñez de 1.977, intentan fundarse, con mejor o peor acierto, en razonamientos tales como la suficiencia del sistema recaudatorio, la equidad impositiva y la relación tributos-política económica; otra cuestión es que tales fines se consiguieran total o parcialmente, o se viesen frustrados por circunstancias ajenas al propio sistema fiscal, como ejemplo la ruptura de la natural tendencia de nuestro país a desarrollar sistemas tributarios novedosos.
La razón del mayor o menor acierto de las reformas apuntadas podemos fundamentarla en la permanente lucha que se plantea a la hora de articular aquellas: diseño fiscal versus reforma fiscal, es decir: la oportunidad de estructurar la carga tributaria conforme a la demanda social sobre la cuestión o, por el contrario, el establecimiento de modificaciones que supongan variaciones cuasi-marginales en la carga individual de los contribuyentes; a lo que se une, no lo olvidemos, las taras específicas con que se encuentra el legislador a la hora de abordar el sistema fiscal: resistencia del contribuyente a asumir los cambios impositivos y su poca credibilidad en el mismo, la propia inercia del régimen tributario existente y sus tendencias regresivas, respeto al principio de seguridad jurídica (cuestión hoy más en boga que nunca), perfilar el régimen transitorio más adecuado, etc.
No pocas veces se nos ha indicado que, con el cambio en el sistema político y de relaciones, instaurado bajo el mecenazgo de la Constitución, la reforma Ordóñez tenía ante sí una oportunidad única: la posibilidad histórica de establecer un procedimiento no traumático de transición, un acuerdo político (histórico también en su contenido sociológico) sobre la necesidad de la reforma tributaria posible gracias al cambio del sistema político, un sentimiento social que demandaba unas normas y una Administración tributaria más justas y mas eficaces y, por último, su encuadre definitivo dentro de la estructura impositiva de los que, por aquel entonces, iban a ser nuestros futuros socios comunitarios.
Así las cosas, y aparte de otras cuestiones ya conocidas, la reforma Ordóñez posibilitó el paso de una Administración "cómoda", escasamente ligada con el contribuyente-administrado, a una Administración potenciada, con más rigurosos criterios de gestión y pretendidamente eficiente, cuyo fin último era obtener los recursos financieros necesarios que cubriesen los servicios que demandaba el contribuyente, persona ahora más relacionada con el almojarife, con el "recaudador y administrador de tributos".
Esta cuestión de la cada vez mayor relación de interdependencia entre el administrado y la Administración, junto con los incesantes cambios acaecidos a nivel normativo, la armonización fiscal necesaria para compensar y homogeneizar los sistemas tributarios europeos con la doctrina específica de la Comunidad y, por qué no citarlo, los distintos estatus que otorga nuestro Ordenamiento al Administrado y a la Hacienda Pública, con un desequilibrio evidente de prerrogativas, derechos y presunciones en favor de ésta última, ha facilitado la aparición y posterior desarrollo de un nivel intermedio, el asesor tributario, y de una conciencia de contribuyente, consciente de sus derechos y obligaciones como tal.
Sí se nos puede replicar que siempre han existido personas que han ayudado a otras a cumplir con sus obligaciones tributarias y es verdad, la figura del gestor de asuntos ajenos es cuasi-histórica; pero no podemos olvidar que la eclosión del asesor tributario tuvo su desarrollo embrionario a la par que la reforma Ordóñez.
Para que el asesor tributario surgiese, o se desligase de la figura tradicional del gestor, hizo falta que se diesen unos parámetros previos: un orden constitucional que, formal y materialmente, estableciese un régimen de derechos y obligaciones recíprocos entre el ciudadano y ese Estado social y democrático de derecho tan aireado por todos; de otra parte, un contribuyente responsable de sus obligación de sostener a dicho Estado, pero también conocedor de sus posibilidades de actuación frente a la Hacienda Pública; y una Administración con un ámbito más delimitado por los dos restantes poderes del Estado, legislativo y judicial, que ha olvidado definitivamente el "dejar hacer" de los revolucionarios de 1.789.
En este estado de la cuestión, el asesor tributario debe tratar, por mor de su cliente y de su propia ética profesional, de encauzar con fluidez las relaciones entre el ciudadano y la Hacienda, estudiando y sopesando con responsabilidad las distintas opciones que se puedan plantear a la luz de una interpretación racional y justificada de la Ley y de la situación concreta de quien apela a sus servicios. Ya no se puede uno limitar, si se quiere llamar asesor, a tramitar simplemente documentos fiscales y cobrar por ello, sino que debe comprometerse a dar con la solución más correcta a cada caso, a compartir las inquietudes de su cliente si la opción elegida es racionalmente válida.
Por ello, el cliente y el asesor tributario deben plantear sus mutuas relaciones con el fin de dar soluciones a aquellos problemas que hacen que el primero acuda al segundo, de forma que el cliente no tenga la sensación de inseguridad, como cuando acude a una consulta por no conocer su problema médico y sus repercusiones.
De ahí, que a los miembros de esta Asociación nos parezca necesario el asumir los principios deontológicos que a continuación exponemos, pues es evidente la función social que desempeñamos: canalizar las relaciones del contribuyente y la Administración tributaria, planteándole y ayudándole a aquél a no incurrir en gravosos errores y comunicándole a ésta el pulso del día a día, el sentir del contribuyente como ciudadano con nombre y apellidos, no como un simple N.I.F.
Somos conscientes de que la labor emprendida ni es gratificante ni será sencilla, pero hemos dado el primer paso con la firme intención de revestir a esta función social del adecuado cauce por el que deben discurrir las relaciones entre este nuevo triángulo que, queramos o no, subyace en la actualidad: Contribuyente-Asesor-Hacienda. Los dos primeros vértices, ya hemos comenzado a recorrer el camino juntos.

Código deontológico

Libertad de asociación.
El Asesor Tributario tiene plena libertad sobre la elección y modo de organización de la actividad asesora que presta a sus Clientes, pudiendo, temporalmente o no, asociarse con otros profesionales, constituir agrupaciones, sociedades o cualquier otra entidad válida para la más adecuada prestación de servicio, debiendo procurar que la organización elegida cumpla con todos los principios recogidos en la presente Declaración.

Formación adecuada.
El Asesor Tributario debe procurarse la formación académica y profesional que garantice, de forma continuada, los conocimientos necesarios en las especialidades tributarias objeto de su actividad asesora.

Solvencia económica.
El Asesor Tributario procurará, en todo momento, una solvencia mínima, a nivel profesional y económico, con el fin de poder reparar los perjuicios que pueda ocasionar a sus Clientes; solvencia que estará racionalmente determinada por el grado de asesoría que preste a sus Clientes.

Reserva de información.
En ningún caso, el Asesor Tributario podrá hacer uso de la información particular y/o privilegiada que disponga de sus Clientes con motivo de su actividad, fuera del ejercicio de sus funciones, sea en beneficio propio o ajeno.

Secreto Profesional.
En el marco de lo previsto por la Constitución, el Asesor Tributario guardará en todo momento el debido secreto profesional, especialmente en lo referido a las circunstancias personales, económicas y particulares de sus Clientes; asumirá, igualmente, la guarda y custodia de la documentación particular que éste le facilite con motivo de su actividad asesora.

Actuación en interés del cliente.
El Asesor Tributario, en el ejercicio de su actividad profesional y dentro del marco de las prescripciones legales obligatorias, actuará siempre en interés de su Cliente, buscando para el mismo todo el beneficio que permita la normativa vigente, aún a título de previsión, siempre que ésta sea lógicamente razonable.
Derecho a la información necesaria.
El Asesor Tributario, una vez adquirido el oportuno compromiso con su Cliente, deberá recabar de éste toda la información necesaria que pueda afectar a la ejecución de los servicios contratados, aún cuando tengan una relación indirecta.

Deber de asesoramiento eficaz.
El Asesor Tributario se compromete al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que, en materia tributaria, le confíe su Cliente, así como al asesoramiento sobre las mejores condiciones en que pueda realizarse en el caso de existir varias alternativas. Deberá efectuar los cálculos y gestiones necesarias para la correcta cumplimentación de las obligaciones tributarias del Cliente, tras lo cual le pondrá al corriente de los resultados previos y, en su caso, de las posibles alternativas.

Principio de responsabilidad.
El Asesor Tributario asume directamente su responsabilidad, frente al Cliente, de los errores u omisiones cometidos por el Asesor, siempre que sea en el ejercicio de su actividad asesora y por causa imputable al propio Asesor.

Defensa de la calidad y contra la competencia desleal.
El Asesor Tributario procurará la erradicación de la competencia desleal y de aquellas prácticas que perjudiquen la calidad del servicio que se presta, bien a título individual, o bien integrado en asociaciones y otras entidades que promuevan, entre otros fines, la cualificación de la actividad asesora.

Presupuesto de los servicios prestados.
El Asesor Tributario debe comprometerse a pactar previamente con su Cliente el precio o sistema que permita determinarlo. La contraprestación deberá estar en consonancia con los servicios prestados al Cliente.

Defensa de los principios contenidos en en esta declaración.
El Asesor Tributario rechazará la ejecución de aquellos trabajos que puedan suponer un menoscabo en la calidad del servicio que presta, o que conculquen la ética profesional y los principios deontológicos recogidos en la presente Declaración.